Mientras la Policía continúa arrestando personas utilizando el inconstitucional Código de Contravenciones, en la bancada oficialista de la Legislatura siguen avanzando -por tres caminos distintos- con los trabajos para modificar la norma.

Ayer, el titular de la comisión de Seguridad y Justicia de la Cámara, Gerónimo Vargas Aignasse, se reunió con representantes locales del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) para hablar sobre la polémica ley. "Ellos dieron otra mirada más sobre el tema, porque el Código de Contravenciones Policiales tiene un impacto no satisfactorio en las minorías. La idea es seguir escuchando otras posturas para lograr el mayor consenso posible", dijo el alperovichista.

Además, indicó que hoy a las 13.30 se reunirá con expertos del Colegio de Abogados de Tucumán (CAT). "Ellos también pueden hacer aportes muy valiosos", destacó el ex diputado nacional, en diálogo con LA GACETA.

En el seno del bloque Tucumán Crece, que integra Vargas Aignasse, hay otras dos iniciativas para reformar la norma. Marcelo Caponio, secretario de la comisión de Seguridad y Justicia, fue el único del PJ que presentó un proyecto de ley al respecto en mesa de entradas. Varios referentes de la bancada alperovichista dieron su aval. El otro parlamentario que trabaja por su cuenta en la cuestión es Jesús Salim. El texto que está preparando el dirigente de La Cámpora junto a su equipo de trabajo será enviado formalmente en pocos días a la Cámara.

Otra alternativa

En el oficialismo, no sólo los legisladores están tratando de dejar su impronta en la futura norma que regulará las contravenciones policiales. El PE, a través del Ministerio de Seguridad, está elaborando un proyecto alternativo. Fuentes consultadas por este diario indicaron que la iniciativa será enviada esta semana o la próxima al edificio de avenida Sarmiento y Muñecas. "Hay un equipo de abogados trabajando en esto", le indicaron a LA GACETA.

En los pasillos legislativos se comentaba ayer que la novedad no cayó del todo bien entre los representantes alperovichistas. De todas maneras, los tres legisladores que decidieron encarar por su cuenta la reforma del Código de Contravenciones Policiales intentarán llevar su texto al recinto.

Vargas Aignasse, por caso, no abandona la idea de realizar un foro público para debatir la cuestión, algo que tiene previsto realizar el mes próximo. Y no oculta su desacuerdo con la iniciativa de Caponio. Sólo coincide en que la norma vigente debe ser derogada. "La contravención es una falta social. Lo que hizo la dictadura con esta ley (creada en 1980) fue darle entidad de delito a una acción que no lo es", aseveró Vargas Aignasse.

La discusión para cambiar el Código de Contravenciones Policiales no es nueva. A mediados de la década de 1980, tras el regreso de la democracia, el entonces diputado provincial Carlos Muiño (UCR) presentó un proyecto de ley para reformarlo, que sólo obtuvo media sanción y luego quedó en el olvido. El dirigente ya hablaba de pasar el control del proceso y el poder de sanción a la órbita de la Justicia.

El 5 de octubre de 2010, la Corte Suprema de la Nación falló en ese sentido, en el caso de un joven tucumano que había sido arrestado tras una discusión en un partido de fútbol que se jugaba en "La Bombilla". El máximo tribunal indicó que el trámite previsto por esa norma era inconstitucional, ya que la Policía arresta, investiga y sanciona (con cárcel o multa) a quien viola alguno de los artículos de la ley 5.140. La Corte remarcó que era necesario contar con un proceso que garantice el derecho a defensa, y que las medidas privativas de libertad son atributo de los jueces.

A 32 años de su creación, aún se discute qué debe decir la ley de contravenciones. Y el consenso no aparece cercano en el horizonte.